Presentará Diputado Román Cota iniciativa para garantizar un trato digno a los migrantes en BC

Presentará Diputado Román Cota iniciativa para garantizar un trato digno a los migrantes en BC

•             La iniciativa de reforma, que será presentada por el Dip. Román Cota Muñoz, propone reformar diversos artículos la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California.

Tijuana, BC a 26 de enero de 2022.- Para otorgar un trato digno a toda persona que transite por territorio bajacaliforniano en calidad de migrante, el Diputado Román Cota Muñoz presentará ante la XXIV Legislatura del Congreso del Estado, una iniciativa para reformar la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes del Estado de Baja California.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios precisó que la iniciativa busca reformar los artículos 23, 24, 27, 37 y 39 de la Ley antes mencionada, para armonizar la legislación y garantizar un trato digno para los migrantes.

Analizó que a través de los mecanismos de monitoreo de distintas organizaciones internacionales, se ha observado un incremento en los movimientos mixtos de migrantes a gran escala, provenientes principalmente de Centroamérica, México y Venezuela, relacionado con la persistencia de factores de expulsión tales como persecución, conflicto armado, violencia generalizada, grave desorden público, crimen organizado, pobreza, falta de oportunidades de desarrollo, así como el detrimento en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.

Asimismo, el joven legislador indicó que de manera reciente las emergencias relacionadas con el cambio climático, la crisis alimentaria, pérdidas de cosechas y la falta de adopción de medidas de atención y asistencia, también han obligado a las personas a desplazarse y buscar oportunidades de desarrollo o solicitar protección internacional en otros países de la región.

“Consideramos que Baja California como Estado receptor de migrantes juega un papel importante, es por ello que adaptar su legislación con la finalidad de otorgar mayor armonía y trato digno a las personas que transiten por nuestro territorio en calidad de migrante es nuestra responsabilidad, además de una obligación humana”, manifestó Román Cota Muñoz.

De acuerdo a los cambios en los Artículos 23 y 24, señaló que las y los mexicanos y extranjeros en el estado de Baja California, tienen el derecho a la preservación de la unidad familiar, además de que las autoridades estatales y municipales están obligadas a brindar las facilidades y atender los casos de cambios de estado civil, domicilio o lugar de trabajo de las y los extranjeros en el estado, en los términos de la legislación aplicable.

Aunado a lo anterior, las autoridades estatales y municipales coadyuvarán con el gobierno federal en la ejecución de programas de empleo temporal para personas migrantes, y ejecutarán programas de capacitación para el empleo y orientación para la realización de proyectos productivos con los cuales las personas migrantes puedan mejorar su calidad de vida, así como replicar, en sus comunidades de origen o en su lugar de residencia, aquellas habilidades y conocimientos obtenidos.

En cuanto al Artículo 37, mencionó que será prioridad el proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, con independencia de su estatus legal migratorio, mientras tanto no cumplan la mayoría de edad o no cuenten en el momento con persona alguna que ejerza sobre los mismos patria potestad, custodia, tutoría o cualquier otro tipo de representación legal; y procurar la reunificación familiar en los casos de menores de edad migrantes nacionales, siempre y cuando esta sea acorde a su interés superior.

Para concluir, Román Cota detalló que el Artículo 39 estipulará que las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de proteger la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes identificadas como víctimas de delitos, respetando su derecho a decidir declarar o denunciar hechos presuntamente constitutivos de delito ante las autoridades judiciales o ministeriales.

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