ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.- Como lo advirtió desde semanas atrás el líder moral y asesor de ANAPROMEX, Fidel Villanueva Ramírez, en torno a que el gobierno del estado viola la ley al realizar un padrón vehicular de automóviles de procedencia extranjera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal se pronunció sobre el particular y da la razón al planteamiento hecho por el luchador social.
Durante una conferencia de prensa, Villanueva Ramírez, destacó los puntos de un escrito que envió la autoridad hacendaria, donde se establece la ilegalidad en la que incurre el gobernador Bonilla y su gobierno al realizar una padrón de vehículos irregulares en el territorio estatal.
Así del mencionado escrito de la Secretaría de Hacienda y crédito Público leído por Villanueva Ramírez, se destaca las consecuencias legales para el gobierno del estado de Baja California:
PRIMERO.- La Federación actuará contra todos los funcionarios que autorizaron la creación de la Ley del instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, desde el Gobernador Jaime Bonilla, el Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, así como a los diputados que votaron a favor
de la creación de dicha ley, y por último a los funcionarios del estado que estén haciendo el censo vehicular o lo hayan hecho, ya que todos ellos son responsables del delito de CONTRABANDO ya que el Código Fiscal de la federación en su Artículo 105, claramente señala lo siguiente:
Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:
V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internación de algún vehículo,
proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin el
permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 102, fracciones I a III de este Código y a
quien omita o impida realizar el reconocimiento de las mercancías. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera.
Y aunado a lo anterior los funcionarios públicos tienen la agravante que también señala el mismo código fiscal
Artículo 97.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión.
Eso aplica a todos los funcionarios que autorizaron el CENSO VEHICULAR EN BAJA CALIFORNIA, pero por desgracia el mismo Anexo 8 del Convenio de colaboración Fiscal celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público., contempla una
penalidad para el Estado de Baja California que se traducen en multas al propio gobierno del estado y la no entrega de participaciones federales, o sea la Federación no entregará recursos al Estado por culpa de dichos funcionarios estatales.
SEGUNDO.- La Federación puede dar por concluido el convenio de coordinación fiscal como penalidad por las faltas cometidas por el Gobierno del Estado de Baja
California al mismo o al anexo 8, como lo establece el mismo convenio y la Federación puede sancionar al Estado y además quitarle facultades fiscales y no
darle un porcentaje de las participaciones Federales a las que se tiene derecho.
Por tanto, dojo, de manera oficial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dio la razón y establece los mecanismos para que regrese el estado de derecho que ha sido violado por el gobernador Bonilla y los diputados cómplices al legislar leyes en contra del pacto federal de la República.
Destacó que ANAPROMEX continuará con su labor de defensa del patrimonio familiar, pues como asociación civil no viola ninguna ley y defiende a sus agremiados conforme a todos los estatutos legales aplicables en la materia.
