Urgente gobernabilidad y estado de derecho, dice Presidente Nacional de Abogados

Urgente gobernabilidad y estado de derecho, dice Presidente Nacional de Abogados

*Poder de facto gobierna al país, afirma en el arranque de la Cruzada Nacional por la Defensa del Derecho a la Propiedad Privada

Tijuana, BC a 15 de noviembre del 2021.- Durante la instalación de la Cruzada Nacional por la Defensa del Derecho a la Propiedad Privada, este lunes, el presidente de la Alianza Nacional de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, urgió a que se impulse la gobernabilidad y se haga valer el estado de derecho, pues existe un poder de facto que gobierna al país.

Indicó que aun cuando existen tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en muchos casos fueron desplazados por un poder de facto –de hecho, mas no de derecho– que impone su voluntad a ciencia y paciencia de las autoridades, y las invasiones de la propiedad privada a lo ancho y lo largo del país son un claro ejemplo de ello.

Por su parte el impulsor de la Cruzada Nacional por la Defensa del Derecho a la Propiedad Privada, el abogado tijuanense Esteban Capella Ibarra indicó que se trata de  “una acción que pretende conjuntar a diversos sectores del país para reforzar la garantía que como mexicanos tenemos de ser propietarios de bienes inmuebles”.

Resaltó también que la cruzada busca “que dicho derecho no sea vulnerado por factores como la falta de certeza jurídica, la delincuencia, la ineficiencia de nuestras instituciones y el uso inapropiado de herramientas jurídicas”; por el contrario, agregó, se impulsa un criterio común y una conciencia global de que nuestros bienes son resultado de nuestro esfuerzo y que nadie tiene el derecho injustificadamente de despojarnos de ellos.

Capela Ibarra señaló que en la actualidad existe una gran incertidumbre por parte de ciudadanos preocupados por el temor de que puedan ser despojados de sus bienes por “paracaidistas” que buscan la oportunidad de tomar posesión de un predio de manera ilegítima, jugando con la necesidad de personas que buscan un hogar, a quienes prometen que regularizarán dicho terreno porque la Constitución y los discursos de políticos los amparan.

La propiedad privada, precisó, es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Sólo en caso de interés público, y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella.

Rememoró que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, lo cual constituye la propiedad privada, conforme al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordó que el derecho a la propiedad privada, a nivel global viene desde la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, cuando se promulgó la “Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos”, en la cual se establece como derechos naturales e imprescriptibles la libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión y la propiedad privada.

En México, la Constitución de 1857 formulada por los liberales, entre ellos Benito Juárez, dio cabida al derecho a la propiedad privada, y reiteró, en el artículo 27, la prohibición de que el gobierno despoje de sus bienes a los ciudadanos.

Finalmente, Esteban Capella Ibarra dijo que México tiene una calificación a nivel internacional de 58.6 puntos respecto a la aplicación del derecho de propiedad, de una escala de 1 a 100, según el índice de libertad económica, estudio que es elaborado por la fundación Heritage y el periódico Wall Street Journal desde hace 27 años y cuyo objetivo es medir el grado de libertad económica en cada país del mundo, es decir, el nivel de economía de mercado que un país admite.

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